La LEC da más autonomía a las escuelas, blinda la inmersión lingüística y amplía los conciertos
Fija como objetivo dedicar a la educación el 6% del PIB en ocho años.
La Ley de Educación de Catalunya (LEC) dibuja un nuevo modelo de escuela catalana que blinda la inmersión lingüística, da más autonomía a los centros educativos y amplía los conciertos con el sector privado, además de fijar como objetivo dedicar a la educación el 6% del PIB en ocho años.
La ley, que hoy ha recibido la luz verde definitiva del pleno del Parlament, crea el Servei d'Educació de Catalunya, integrado tanto por los centros públicos como por los privados concertados, a los que otorga derechos y deberes análogos.
Poder de las direcciones
En el ámbito de la escuela pública, se refuerza el poder de las direcciones
y se dota de más autonomía a los centros en el terreno organizativo,
pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales, una de las
novedades más cuestionadas por los sindicatos de docentes, que se han
opuesto con contundencia a la ley.
Para asegurar la gratuidad de la educación, la ley prevé que los centros concertados reciban una financiación suficiente y prohíbe
expresamente que se imponga a las familias la obligación de hacer
aportaciones a fundaciones o asociaciones de cualquier tipo.
Separación por sexo
Uno de los puntos más polémicos de la ley es su ambigüedad respecto a los conciertos de los que disfrutan los centros que separan a los niños por razón de sexo, y que suelen corresponderse con centros de elite, ya que, de hecho, la norma permite que éstos se mantengan si así lo decide el gobierno de turno.
Este
es uno de los aspectos de la ley que ha llevado a ICV a quedarse fuera
del acuerdo global al que han llegado PSC, ERC y CiU, además de la
puerta que abre la norma a la ampliación de los conciertos a los
niveles educativos no obligatorios, como el bachillerato, la FP y la
etapa de guardería.
6% del PIB para educación
En
el terreno de la financiación, la LEC, la primera ley de educación de
la que se dota Catalunya, fija como objetivo que en ocho años el
gobierno catalán tendrá que invertir en educación el 6% del PIB, frente
al 2,7% actual, lo que significa pasar de los más de 6.000 millones de
euros de ahora a 13.000 millones.
Con el objetivo de combatir la creación de escuelas guetos
debido a la alta concentración de inmigrantes, la ley prevé que la
administración establecerá la proporción máxima de alumnos con
necesidades específicas que pueden ser escolarizados en cada centro en
el momento del acceso a los niveles iniciales de cada etapa.
Además,
el departamento d'Educació podrá autorizar, de manera excepcional, una
reducción de las ratios de hasta el 10% para atender mejor las
necesidades de estos alumnos, que en muchos casos se incorporan a las
aulas una vez iniciado el curso.
Lengua extranjera
La
ley también dibuja un marco laboral nuevo en el que desarrollarán su
trabajo los docentes y crea un cuerpo propio de la Generalitat de
maestros y profesores, a los que se pedirá que además de dominar el
catalán y el castellano acrediten un nivel de lenguas extranjeras
determinado para poder ejercer en la pública.
Además,
establece una agencia de evaluación que examinará tanto el rendimiento
educativo como la ejecución docente del profesorado y la de la función
directiva, y crea la carrera profesional de los docentes.
En
los centros públicos ubicados en zonas social y económicamente
desfavorecidas, el gobierno podrá establecer un sistema de provisión de
lugares de trabajo y de dirección de carácter extraordinario.
Blindaje de la inmersión lingüística
Respecto
a la inmersión lingüística en catalán, la norma blinda y promueve este
procedimiento, al tiempo que establece que los padres podrán optar en
el momento de la matrícula por instar a que sus hijos reciban atención
lingüística individualizada en castellano.
La norma importa
del Estatut la capacidad curricular, haciendo así innecesario aplicar
el decreto del gobierno español que insta a incrementar en una hora -de
dos a tres- el tiempo dedicado a la enseñanza del castellano.
Entre
otras novedades, los centros deberán también formular una carta de
compromiso educativo en la que expresen los objetivos necesarios para
conseguir un entorno de convivencia, y las familias deberán
comprometerse a compartir estos principios.
En el ámbito de
los alumnos con discapacidades, la ley se declara inclusiva y garantiza
un plan personalizado para cada uno de ellos, aunque mantiene la doble
red (centros ordinarios y especiales) y condiciona la escolarización de
estos niños en la escuela ordinaria a sus necesidades y a los apoyos
disponibles.
